La Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana ha operado con estructuras débiles y no ha tenido capacidad para aplicar una política migratoria integral durante muchos años. Durante los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, tuvieron funciones estratégicas de inteligencia enfocadas en vigilar vínculos con los países del bloque socialista.
Con el paso del tiempo, su rol se fue reduciendo a la tramitación de impedimentos de salida y controles puntuales, sin estructura racional ni planificación a largo plazo.
Haitianos indocumetados detenidos operativo durante de la Dirección General de Migración (DGM).
Se aprecia que esa realidad está comenzando a cambiar. Por primera vez en décadas, la DGM proyecta la imagen de estar dando pasos concretos hacia una institucionalidad funcional.
Se está intentando fortalecer los controles en puntos críticos capacitando personal, impulsando procesos tecnológicos y articulando su trabajo con los organismos de seguridad, defensa e inteligencia. Lo que evidencia la nueva realidad, no es un conjunto de operativos aislados, sino un plan integral para una transformación institucional con visión estratégica.
Sin embargo, este cambio positivo parece haber generado confusión en algunos sectores. En días recientes se realizó una marcha en Punta Cana —y se anuncian otras— motivadas por la percepción de una “ausencia de control migratorio” cuando en realidad se lo ha venido fortaleciendo.
Es necesario aclarar que lo que ahora se está criticando es, precisamente, lo que por primera vez se está intentando ejecutar con decisión y planificación: aplicar la Ley de Migración con base en el orden legal, el respeto a los derechos humanos ya la soberanía del Estado.
Algunos grupos interesados resaltan que lo que se está implementando afecta a sectores como la construcción y la agricultura. Esta visión no proviene de percibir una política contra esos sectores, sino porque se toleró la informalidad durante años.
Ahora surgen resistencias al exigirse cumplimiento de la ley. Este proceso, sin embargo, debe ser manejado con inteligencia institucional, acompañamiento político y claridad normativa.
El combate frontal contra la corrupción interna ha sido un componente esencial de esta transformación, gracias a que ha tenido el respaldo de la voluntad política.
Se están desmantelando estructuras irregulares, eliminando viejas prácticas clientelistas y promoviendo una nueva cultura institucional basada en el mérito. La búsqueda de la excelencia se percibe al haber decidido que no se ingresa a la DGM por vínculos políticos, sino por perfil profesional, capacidad y experiencia.
Se ha iniciado también el proceso de modernización tecnológica de la institución, lo que permitirá controlar con eficiencia los flujos migratorios, detectar irregularidades y planificar con base en datos. Ello para promover una migración ordenada, legal y funcional.
No es posible llevar a cabo una política migratoria profesional con recursos limitados. El proceso de transformación debe ser sostenido con un respaldo presupuestario adecuado, lo que además de importante, es urgente.
En estos momentos, la labor de la Dirección General de Migración es fundamental para la seguridad nacional, la integridad territorial y la defensa de la soberanía, por supuesto que dentro del marco del respeto a los derechos humanos.
Es evidente también que hay aspectos de la Ley de Migración que requieren revisión y actualización para adaptarse a la realidad nacional. Ese proceso debe hacerse con responsabilidad, sin apresuramientos y de manera precisa.
Lo que está ocurriendo hoy en la DGM luce como un esfuerzo serio del Estado por recuperar el control, con legalidad, firmeza y visión. No se trata de una persona ni de una coyuntura: se trata de fortalecer la autoridad legítima del Estado dominicano sobre su propio territorio. El tiempo y los hechos reflejarán si se lo ha logrado.
Y eso merece ser apoyado.
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