viernes, 7 de mayo de 2021

Ministerio de Defensa se desvinculan de las posibles malas acciones de un grupo de militares acusados de corrupción por Ministerio Publicó .







Defiende honorabilidad de las instituciones militares 

Prensa Única RD



El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, máximo órgano militar, suele dirigirse de manera conjunta en circunstancias especiales.



En esta ocasión, lo que motiva dirigirnos a la comunidad nacional, es comunicar nuestra posición ante el impacto social de las iniciativas del sistema de justicia al investigar miembros de las Fuerzas Armadas a quienes se les imputan actos reñidos con la ley. 


La publicidad, atención y comentarios con relación a este caso ha provocado expresiones de preocupación y críticas sobre el rol e integridad de las Fuerzas Armadas.

Consideramos que lo que se cuestiona en estos días es provocado por informaciones sobre alarmantes actividades delictivas que, de comprobarse en el sistema de justicia, NO involucran a las instituciones militares ni a la generalidad de las mujeres y hombres que las componen. 


Las instituciones militares no están exentas de los problemas generales que afectan a la sociedad, pero sus integrantes son principalmente hombres y mujeres motivados por la entrega a la misión patriótica que le asigna la Constitución de la República. 

Son personas con vocación de servicio, entrega y sacrificio, orgullosas de la historia de las Fuerzas Armadas y de la oportunidad que estas ofrecen para servir al país. 

Nuestras filas se nutren con hombres y mujeres conscientes de un mandato constitucional que les especifica que “su misión es defender la independencia y soberanía de la Nación, la integridad de sus espacios geográficos, la Constitución y las instituciones de la República”; constituimos unas fuerzas orgullosas de intervenir, por mandato del Presidente de la República, “en programas destinados a promover el desarrollo social y económico del país, mitigar situaciones de desastres y calamidad pública”, y comprometidos con el principio que nos define como instituciones “esencialmente obedientes al poder civil, apartidistas y que no tienen facultad, en ningún caso, para deliberar”.

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