Ambientalistas piden 3 años de prisión para el ministro de Medio Ambiente

Prensa Única RD

Santo Domingo.- En el día de hoy fue depositada una querella con constitución en actor civil en contra del Ministro de Medio Ambiente Angel Estevez por el otorgamiento de un permiso Ambiental a los promotores del  Proyecto Ritz Carton en una área protegida, en la cual se han talado más de veinte mil Metros cuadrados de Mangles y otras especies, se han secado humedales y se ha agredido la biodiversidad de estas áreas Protegidas. 

Las agrupaciones ecologistas y querellantes reseñaron que la Boca de Yasica se encuentra protegida en mérito al Decreto No. 871-09, que declara “Área Nacional de Recreo”, correspondiente a la Categoría VI de la UICN (“área protegida manejada”). Incluye la zona inundable de la desembocadura del río Yásica de Cabarete en Puerto Plata y las zonas boscosas próximas, más el adyacente sistema de Dunas y Médanos del Océano Atlántico.

Conjuntamente con El Ministro de Medio también fueron sometidos los señores Danilo Morrobel Director Provincial de Medio Ambiente de Puerto Plata, Juan Jesús Cordero Espaillat, el señor Ian Schembri Sant y Enrique Domínguez Hurtado, promotores del proyecto Ritz Carton Reserve en Boca de Yasica, la señora Christina E. Thomen Ginebra, quien autorizó una franja de 3 metros de ancho por 1,396 metros lineales de largo para un badén de desagüe en el humedal, Ricardo Linares quien es el propietario de la empresa y de los equipos pesados y camiones que han causado el daño ambiental en la Boca de Yasica y Freddy Cruz, director de la Junta Distrital de Cabarete, quien hizo una carretera en el humedal para beneficiar el proyecto.

Los querellantes y actores civiles afirman que los imputados han vendido la idea de la construcción de un proyecto turístico de alta gama, apegado supuestamente a los más altos estándares ambientales y sin embargo lo que han hecho es destruir un ecosistema de altísima fragilidad Ambiental, donde incluso hay especies en peligro critico de extinción  como el HIGUERILLO conforme a la UICN, han desecado miles de metros cuadrados de humedales y han eliminado la fauna del lugar como las tortugas y cangrejos entre otras especies.

Aseguró el vocero del equipo de abogados Euren Cuevas Medina, que  no quedarán impunes los agresores y depredadores del Medio Ambiente,  Afirmo que el Ministro Ángel Estevez no quedará impune ante el terrible daño ambiental cometido contra el pais con esta y otras licencias y permisos otorgados.

Los querellantes afirmaron que las acciones legales  incluyen a las empresas Connemara S.R.L. Ocean Club Group, Compañía Inversiones JOAQ, S,R,L. ZEJTUN INVESTMENT S,R.L., Ricardo Linares Equipos, SRL. La Boca Investment Group, Inc., todas corresponsables de los crímenes Ambientales cometidos en la Boca.

Las entidades querellantes Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) INC.; Somos Pueblo Inc. Asociación para la Protección del Medio Ambiente y del Turismo en la Zona de Cabarete y Sosúa (ASOPROCASO), Inc., la Asociación para la Protección, Desarrollo y Libre Acceso en la Playa Encuentro (APRODELAPLEN) y los señores Andrés de Aza, Blash Torres.

A través de sus voceros, puntualizaron que defenderan esta área protegida y los manglares, ratificando que esta zona también está amparada por los decretos  Nº 303/87 que Declara de alto interés nacional la protección y rehabilitación de los manglares existentes en el litoral y en las islas adyacentes al territorio de la República Dominicana y el Decreto Nº 531/90 que  prohíbe el corte, mutilación y destrucción por cualquier método de los manglares costeros y estuarianos de la República.

Dijeron que el Ministro Ángel Estévez se atrevió a dar una Licencia Ambiental para construir 438 habitaciones en un área protegida, donde ya ministros anteriores habían cancelado proyectos de apenas 5 cabañas por la altísimo fragilidad Ambiental de la zona.

Los abogados defensores de la coalición integrados por Euren Cuevas Medina, Nelson Manuel Pimentel Reyes y Juan F. Rosario Hiciano, manifestaron que están pidiendo la máxima pena para todos los involucrados, de tres años de prisión para cada uno, diez mil salarios mínimos de multa y la restauración de las áreas impactadas por el daño ambiental a su estado original como establece la Ley 64-00 y la Constitución de la República.