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Un total de $ 39 millones destinados para la compra de alimentos y medicinas fueron devueltos por el sistema financiero internacional a Venezuela como parte de la guerra económica contra la nación suramericana la cual es apoyada por la oposición de ese país.
“Debido al inhumano cerco, avalado por la oposición nacional, la tercera semana de noviembre fueron devueltas 23 operaciones en el sistema financiero internacional en 39 millones de dólares para alimentos, insumos básicos y medicamentos”, aseveró el presidente de la Comisión del Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Pedro Carreño.
El diputado popular denunció que la actual coyuntura económica en Venezuela es generada por esos sectores de extrema derecha para generar zozobra y provocar un caos social que conlleve a un golpe de Estado contra el presidente del país, Nicolás Maduro.
Criticó que a pesar de que Venezuela haya cancelado más de 70 mil millones de dólares en deuda, las agencias calificadoras de riesgo pretenden declarar al país en supuesta bancarrota, y agregó que ese ataque forma parte de la agenda golpista para ahuyentar la inversión extranjera en el país.
Debido al inhumano cerco, avalado por la oposición nacional (Venezuela), la tercera semana de noviembre fueron devueltas 23 operaciones en el sistema financiero internacional en 39 millones de dólares para alimentos, insumos básicos y medicamentos”, aseveró el presidente de la Comisión del Poder Público de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Pedro Carreño.
“Pretenden declarar al país en supuesta bancarrota, y ahuyentar la inversión extranjera en el país”, afirmó Carreño antes de la aprobación de la ley Constitucional contra la Guerra Económica para la Racionalidad, Uniformidad y Adquisición de Bienes Servicios y Obras Públicas.
La normativa, conformada por 20 artículos, es la primera de contingencia para combatir la especulación, el desabastecimiento y el sobreprecio descomunal de los productos básicos, inducidos por la oposición interna.
La legislación tiene como objetivo “el establecimiento de normas básicas de conducta para la administración pública, en todos sus niveles, que promuevan la honestidad, la participación en los procesos de adquisición y contratación de bienes, servicios y obras públicas”, según la Agencia Venezolana de Noticias.
Además, busca actualizar los mecanismos de las contrataciones públicas y simplificar los trámites necesarios, para así evitar el burocratismo y la corrupción, indicó el medio.
Fuente RT en español
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