Residentes legales pueden seguir tomando beneficios y viajar a sus países aclaran congresista y abogadas

Prensa Única RD

Miguel Cruz Tejada - jueves, noviembre 22, 2018 NUEVA YORK._ El congresista Adriano Espaillat y abogados especialistas en inmigración aclararon ayer miércoles que los residentes legales, con la tarjeta verde con más de cinco años de recibida, pueden seguir tomando las ayudas de beneficios sociales del Gobierno y viajar a sus respectivos países. El congresista dominicano que representa el distrito 13 en la Cámara de Representantes, convocó una conferencia de prensa, junto a la doctora Ángela Fernández y abogadas de la Sociedad de Ayuda Legal de Nueva York (Legal AID Society), para aclarar una información transmitida esta semana por la cadena Univisión y sus filiales en Estados Unidos, diciendo que a partir del lunes 19 de noviembre, los oficiales migratorios en los puertos de entrada, comenzaría a quitar la tarjeta verde y poner en deportación a quienes reciben ayuda social. “Estamos aquí, precisamente el día antes de Acción de Gracias, para aclarar informaciones que han creado un pánico indebido en la comunidad inmigrante”, dijo Espaillat. “Esas informaciones han provocado un pánico tremendo en nuestra comunidad, y no es realmente como se ha dicho de que los residentes serán deportados cuando regresen desde sus países, en los aeropuertos del área”, añadió el congresista. Fernández, directora ejecutiva de la Coalición del Norte de Manhattan por los Derechos del Inmigrante, donde se hizo la conferencia, señaló que se informó algo que no es verídico ni correcto. “Confundieron varias cosas que están ocurriendo, pero el mensaje final es totalmente falso. Se dijo que cuando una persona que tiene tarjeta verde que sale del país, los oficiales de inmigración en los aeropuertos y puestos fronterizos, pueden quitarles las residencias cuando regresen y ponerlos en proceso de deportación”, agregó. “Eso es falso, eso es incorrecto, pueden viajar con la tarjeta, mismo si están recibiendo servicios públicos y es legal. Se confundieron porque el 19 de noviembre, sí hubo un pequeño cambio, pero no tiene que ver con la tarjeta verde, tiene que ver con personas que si aplicaron para la residencia y son rechazados por ejemplo, en una petición por matrimonio por dudas de que sea legítimo, les pueden enviar una carta en la que se le cita a la corte, eso es algo diferente, antes no pasaba eso, los rechazaban y seguían viviendo en el país, ahora, los envían a la corte”, explicó Fernández. “Hay una propuesta para cambiar la ley, que tiene que ver con el concepto de carga pública”, dijo. La abogada de la sociedad legal, calificó de cruel y perjudicial para los inmigrantes, el concepto de carga pública que Trump trata de aplicar. “Eso, ha provocado que muchas familias hayan tenido que tomar decisiones difíciles sobre sus beneficios de viviendas, seguro médico y otras ayudas. Ha habido mucha confusión y caos en las comunidades por la información difundida, pero por ahora nada ha cambiado y las leyes, vigentes desde 1999, siguen igual”, añadió. Dijo que la propuesta de Trump, comenzaría a ser revisada en marzo de 2019. “Por ahora, los únicos que podrían ser afectados por carga pública, son los que reciben servicios médicos y el cheque del seguro social, y podrían incluir otros beneficios”. La abogada sostuvo que esas reglas no van a afectar a los que ya tienen sus tarjetas verdes como residentes, y no pueden ser deportados bajo el concepto de carga pública, pero sí a quienes tienen la tarjeta por menos de cinco años. “Los inmigrantes tienen que preocuparse cuando viajan, si han cometido algún crimen o se irán por más de 180 días, y si es así, debe hablar con un abogado antes de salir”, explicó. Dijo que quienes tienen la residencia por violencia doméstica, asilo, como refugiados, víctimas de tráfico humano y sexual, y testigos de crímenes, tampoco deben temer nada, aunque estén recibiendo beneficios sociales y de viviendas. Espaillat dijo que en caso de que Trump firme una orden ejecutiva, lo más probable que se litigado en un tribunal federal, con la eventualidad de que el juez, le rechace la propuesta. “No hay necesidad de pánico y el mejor amigo del inmigrante, es la información”, dijo Espaillat. NUEVA YORK._ El congresista Espaillat, Ángela Fernández de la Coalición de Inmigrantes y abogadas especializadas, durante la conferencia de prensa ayer miércoles 21 de noviembre 2018. (Foto Miguel Cruz Tejada).