Prensa Única RD
SANTO DOMINGO.- En lo que va del presente año, el Ministerio Público ha logrado que fueran enviados a juicio de fondo unas 22 personas acusadas de incurrir en lavado de activos producto del narcotráfico y otros delitos graves, en diferentes departamentos judiciales del país.
Mediante un comunicado de prensa, la institución detalló que de esa cantidad, han logrado que sean repartidos entre seis personas alrededor de 50 años de prisión y el decomiso de bienes, muebles e inmuebles, por sumas millonarias, luego que fueran acogidas las acusaciones que presentó el Ministerio Público contra cada uno de los encartados en importantes casos de lavado de activos producto del narcotráfico y otros delitos graves.
El órgano del sistema de justicia destacó que las decisiones fueron adoptadas por tribunales de las jurisdicciones de Peravia, San Cristóbal y Santo Domingo, luego que acogieran las acusaciones presentadas por fiscales de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y las distintas fiscalías de esos distritos judiciales.
“Estas sentencias son los resultados que vamos obteniendo gracias a la implementación del plan de modernización y actualización del Ministerio Público, que ha conllevado que nuestros fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, reciban mayor capacitación y dispongan de más herramientas para perseguir de manera eficaz esos graves delitos”.
Con relación a los avances logrados en lo que va de año en la lucha contra esos delitos de la criminalidad organizada, el procurador general de la República, Jean Rodríguez, dijo que es el resultado de las acciones que llevan a cabo, mejorando y haciendo más eficiente la operatividad del Ministerio Público.
“Estas sentencias son los resultados que vamos obteniendo gracias a la implementación del plan de modernización y actualización del Ministerio Público, que ha conllevado que nuestros fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, reciban mayor capacitación y dispongan de más herramientas para perseguir de manera eficaz esos graves delitos”, manifestó.
El jefe del Ministerio Público expresó que con la implementación de nuevas estrategias que implica una labor conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional y la colaboración de otros organismos locales y la cooperación internacional, han dado fuertes golpes a grandes estructuras criminales, que dijo han sido desmanteladas fruto de esa labor.
En ese sentido, la institución destacó que como resultado de esas estrategias conjuntas puesta en marcha contra esos flagelos, se logró capturar al imputado Miguel Ángel Muñoz Pereyra, alias Pipe, quien fue arrestado el pasado mes de febrero a la altura del kilómetro 11 de la autopista Duarte.
Señaló que dicho imputado fue apresado tras permanecer prófugo desde el año 2016, luego que se le vinculara a un cargamento de cocaína con un peso total de 1,136.96 kilogramos, que fue decomisado a una presunta red en las costas del municipio de Matanzas, en la provincia Peravia, al sur del país.
Las acusaciones
Los imputados, señala la información, fueron acusados de violar las leyes nos. 155-17 sobre Lavado Activos y Financiamiento del Terrorismo, 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, siendo acogidas dichas acusaciones por los jueces Isacc Brown, Elizabeth Rodríguez, Julio Aybar y Marlenis Altagracia Santos.
El Ministerio Público resaltó que al dar a conocer sus veredictos, los jueces han ponderado la instrumentación de los expedientes y la legalidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
La institución dijo confiar en que en los otros 16 casos que están en la fase de apertura a juicio, se impongan igualmente las sanciones que correspondan conforme al delito cometido, a fin de enviar un mensaje positivo y contundente contra esa práctica ilegal.
Destacó en ese sentido, que están trabajando cada día para estructurar expedientes fuertes, sustentados con pruebas de mayor calidad, obtenidas de manera lícita en el marco del debido proceso.
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